Carta abierta al Señor Eydoux, Presidente del Consejo Nacional del Colegio de Abogados sobre la resolución de los días 29 y 30 de mayo sobre el deber de vigilancia de las multinacionales

Señor Presidente del Consejo Nacional del Colegio de Abogados,

Nos enteramos con sorpresa y perplejidad de la resolución del Consejo Nacional del Colegio de Abogados sobre el proyecto de ley relativo al deber de vigilancia de las empresas matrices y contratantes adoptadas por unanimidad por la Asamblea General del Consejo Nacional del Colegio de Abogados de los días 29 y 30 de mayo de 2015.

En esta resolución, se recuerda el compromiso del Consejo para con los principios directores de las Naciones Unidas, que exigen que los Estados traduzcan, en sus sistemas jurídicos nacionales, dichos principios, y que faciliten el acceso a la justicia, sobre todo a las víctimas de los impactos de las multinacionales.

El objetivo del proyecto de ley votado el 30 de marzo en la Asamblea Nacional es precisamente responder a este imperativo, creando un deber de prevención solo para las empresas muy grandes (más de 5 000 empleados en Francia y 10 000 en todo el mundo), o sea alrededor de 150 empresas francesas.

El Consejo consideró que «el texto del proyecto no permite responder al objetivo anunciado de una mejor protección de los derechos humanos y del medioambiente por parte de las empresas, respetando una correlación justa entre el poder económico de las multinacionales y sus responsabilidades jurídicas». Se trata de una declaración política, o incluso ideológica, que está claramente a favor de las organizaciones patronales, y que desconoce la exigencia de justicia de las víctimas de las consecuencias negativas de las multinacionales en el mundo.

Los motivos que apoyan esta declaración parecen objetables pues ¿no deberíamos acaso alegrarnos de que Francia fuera un Estado pionero en la implementación de normas vinculantes, sin las cuales, como lo sabe, persistirán denegaciones de justicia flagrantes con consecuencias a veces masivas?

Además, cada progreso en materia de derechos humanos genera distorsiones y el mundo nunca conoció ni conocerá una armonización inmediata y común a diferentes legislaciones. Esperar que surja supone un renunciamiento a todo progreso del derecho, aunque cada uno admita el carácter insuficiente o incluso ambiguo de los compromisos éticos unilaterales tomados por las grandes empresas.

Esta declaración desconoce también la realidad de las empresas que se comprometieron espontánea y voluntariamente, o que quieren hacerlo, para llevar a cabo un deber de vigilancia y de seguridad, y que consideran que hacerlo les permitirá conseguir más ventajas competitivas. En este sentido, puede leer la declaración del grupo Bolloré en su documento de referencia que hace un llamamiento a las «EXIGENCIAS DE UNA NUEVA LEY» y precisa que «en las últimas décadas, se han expresado expectativas cada vez más fuertes a favor de una mayor responsabilidad de las empresas y de su respeto de los derechos humanos y del medioambiente. Las iniciativas internacionales sobre la responsabilidad de las empresas y su deber de vigilancia, de tipo voluntario hoy en día, se podrían reforzar por la adopción de una legislación nacional. El proyecto, que pasaría de la noción de diligencia debida a la de deber de vigilancia, obligaría a las empresas a demostrar que han tomado las medidas necesarias y factibles para evitar que surja un daño».

Evidentemente, Ud. no desconoce que existen movimientos similares en distintos países, y que la Unión Europea está esperando las iniciativas nacionales para comprometerse. Francia saldría honrada si fuera pionera, según su tradición, en materia de derechos humanos. Además, le recordamos que este proyecto de ley forma parte de los compromisos del Presidente de la República Francesa.

Por último, sepa que varios diputados, entre ellos la diputada Danielle Auroi, ya han lanzado la iniciativa de una tarjeta verde a nivel del Parlamento Europeo.

Por ese motivo, es fastidioso que parezca oponerse a la regulación de una globalización cuyos efectos negativos obviamente no desconoce, e incluso cuando todos constatamos el fracaso de la autorregulación. El Consejo Nacional del Colegio de Abogados es el portavoz de solo los bufetes de abogados economistas, lo que representa los intereses de los grandes grupos, pero se olvida de las comunidades de víctimas y las empresas preocupadas por el impacto de sus actividades.

Sin más, saludamos a Ud. atentamente.

William Bourdon, Presidente de Sherpa

Sandra Cossart, Responsable del programa Globalización y Derechos Humanos